Una británica que sufre esclerosis múltiple comenzó hoy una batalla legal en el Tribunal Superior de Londres con el fin de que se clarifique la ley que regula el suicidio asistido en el Reino Unido.
EFE Debbie Purdy, de 45 años y con domicilio en Bradford (norte de Inglaterra), baraja la posibilidad de viajar en el futuro a Suiza, donde la eutanasia está legalizada, para acabar con su vida si sigue empeorando de su enfermedad.
La enferma, cuya padecimiento se le diagnosticó en 1995, conserva intactas sus facultades mentales, pero ya no puede andar y la parte superior de su cuerpo se está debilitando de manera progresiva.
Sin embargo, Purdy teme que su marido, el músico cubano Omar Puente, pueda ser procesado en el Reino Unido si le acompaña al país helvético.
El suicido asistido está tipificado como delito en Gran Bretaña y acarrea una pena máxima de catorce años de cárcel.
No obstante, casi un centenar de ciudadanos británicos ha puesto fin a su vida en Dignitas, la polémica clínica suiza especializada en suicido asistido, sin que sus familiares hayan tenido que rendir cuentas ante la Justicia.
Ante esa ambigüedad, Purdy quiere que la Fiscalía del Estado británico aclare cuándo se puede procesar a una persona que ayuda a otra a morir en el extranjero.
"No sé qué me va a pasar en lo que se refiere al avance de mi enfermedad y tampoco sé si mi vida se tornará insoportable, pero (si llega a ese punto) tendré que afrontar una decisión sobre si quiero acabar con mi vida o no", comentó la británica.
"Disfruto de mi vida y de la gente que me rodea -aclaró la mujer- y no quiero morir hasta que mi estado se convierta en insoportable".
No obstante, la enferma subrayó: "Si la ley no está clara, puedo verme forzada a viajar sola al extranjero antes de estar lista (para tomar la decisión final). Quiero tener el derecho a una elección".
En opinión de Debbie Purdy, la Fiscalía debería "fijar los límites" en este tipo de casos, de manera que se sepa en qué circunstancias alguien como su esposo puede ser procesado.
Purdy se pregunta si hechos como comprarle un billete de avión para ir a Suiza, empujar la silla de ruedas en la que está postrada o buscarle información sobre la eutanasia pueden constituir una transgresión de la ley británica.
"Sólo busco claridad -insistió- para saber si mi marido Omar será procesado o interrogado por la Policía si él decide acompañarme al extranjero".
El pasado junio, Purdy recibió permiso legal para elevar su caso al Tribunal Superior, donde se prevé que la vista dure dos días, aunque los jueces lores que le dieron autorización advirtieron de que su decisión no significa que vaya a tener "éxito al final".
Desde el Crown Prosecution Service (CPS, Fiscalía), un portavoz se limitó a declarar que "cada caso debe revisarse individualmente a la luz de las pruebas disponibles (...) antes de decidir si se abre un procesamiento o no".
Los abogados de la enferma argumentan que el Tribunal Europeo de Derechos, con sede en Estrasburgo (Francia), ya ha fallado que el derecho que reclama su clienta podría estar protegido por el Convenio Europeo de Derechos Humanos.
Desde la organización "Dignidad al morir", Sarah Wooton manifestó su apoyo a la causa de Debbie Purdy, quien, en su opinión, "debería tener la opción de morir en el momento que elija si considera que su sufrimiento se hace insoportable".
Por contra, Peter Saunders, del grupo antieutanasia "Cuidado, no asesinato", recordó que "cometer suicidio no contraviene la ley, pero que el suicidio asistido es un delito".
"Y es un delito porque una ley que lo permita (el suicidio asistido) podría ser fácilmente objeto de explotación o abuso", agregó Saunders.
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